Por décadas, en El Salvador, los transportistas doblaron el brazo gubernamental y de justicia, haciendo paros a su antojo, cobrando tarifas impuestas a su antojo, negociando bajo la mesa en las comisiones de transporte imponiendo ellos las condiciones bajo las cuales trabajarían.
Incluso en el año 2015, los líderes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha prohibieron la circulación de transporte público, un capítulo de la confrontación entre gobierno y pandillas que puso a El Salvador como uno de los países más peligrosos en la región, demostrando el poder que en ese momento habían brindado a las estructuras criminales.
Y es que en el momento en el que gobernaron ARENA y el FMLN, no había orden, cualquiera hacía lo que quería e imponían sus propias reglas, paraban las rutas principales dejando a la población caminar por kilómetros y pagar a pick ups que cobraban el doble de lo acostumbrado y nadie hizo nada para detenerlos.
En la actualidad, el gobierno del presidente ha puesto las cosas calaras, quien se atreve a transgredir la ley, tiene consecuencias judiciales, algo que no se vio nunca, al contrario, antes complacían a las mafias del transporte público.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele, trabaja porque la población tenga un servicio de calidad, pagando lo justo, el transporte en el país se está transformando.
