El Gobierno del Presidente Bukele continúa con el trabajo articulado entre las distintas instituciones con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria, al mismo tiempo de proteger el bolsillo de las familias salvadoreñas ante la crisis de la inflación que atraviesan los países en el mundo por factores externos.
En ese escenario, se ejecutan verificaciones e inspecciones en la cadena de suministros en mercados y en los precios de productos de la canasta y granos básicos, tomando en cuenta las frutas y verduras a escala nacional por más de siete meses.
Hasta la fecha la Defensoría del Consumidor ha ejecutado más de 117,000 verificaciones a escala nacional en diferentes agentes de la cadena de suministros como: importadores, productores, empacadores, distribuidores mayoristas, y detallistas, entre ellos destacan: supermercados, puestos de mercados y tiendas mayoristas.
Durante las verificaciones efectuadas en el principal centro de abasto de San Salvador, el titular de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, detalló sobre las sanciones aplicadas a las prácticas abusivas identificadas durante las inspecciones.
“Ya presentamos 80 casos ante el tribunal sancionador, tanto por el incremento injustificado de precios y obstaculización a las labores que realiza la Defensoría del Consumidor. De ellos, 50 casos fueron admitidos, y de estos, 25 fueron sancionados con multas que superan los $101,000”, informó.
Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor.
El Gobierno del Presidente Bukele mantendrá estas inspecciones de cara a proteger el bolsillo de la población, aplicando todas las sanciones contempladas en la Ley de Protección al Consumidor.
